Sorpresa ante el anuncio del Gobierno Central de impugnar la Ley LGTBI.

Sorpresa ante el anuncio del Gobierno Central de impugnar la Ley LGTBI.

 

Desde el  Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia consideran sorprendente que se plantee una revisión de aspectos importantes de la Ley LGTBI, que consideran que no invade competencias de ninguna administración.

Ante el planteamiento de convocar a una comisión bilateral por parte del Gobierno central con representantes de la Generalitat Valenciana, para analizar las medidas y competencias sancionadoras de la ley LGTBI autonómica, miembros del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia muestran su sorpresa.

El Gobierno plantea hacer una revisión de varios aspectos relacionados con la legislación laboral recogidos en el artículo 26 de la ley de Igualdad LGTBI, donde se aborda la igualdad de trato de los trabajadores y las trabajadoras y las sanciones que se impondrían a quien no cumpliera con la obligación de respetar la igualdad en el marco laboral.

Un segundo aspecto que quieren tratar  está relacionado con el artículo 60 de la ley valenciana relativo al régimen sancionador.

Según Toño Abad, director del Observatorio contra la LGTBIfobia “la ley establece que se deben adoptar medidas para evitar la discriminación en el ámbito laboral y fomentar la igualdad de oportunidades (artículo 26 cuestionado por el Gobierno central) y realiza recomendaciones bajo el formulismo de instar e impulsar que es una potestad facultativa” y añade que “la redacción de la norma no establece obligaciones al empresario, si no recomendaciones, por lo que el planteamiento del Gobierno Central carece de fundamento”. En ese sentido, Abad asegura que “lo que viene a decir esta norma es que hay que cumplir el principio constitucional de igualdad de trato, lo que claramente es una obligación de todos los ciudadanos, personas físicas y jurídicas, por tanto, la ley recuerda lo que la legislación estatal ya establece”.

Ante esto, Abad considera que «la ley no invade ninguna competencia estatal, y siendo una de las leyes mas avanzadas en materia LGTBI y aprobada gracias a un amplio consenso político, que nace de las entidades y que recibió el respaldo de todos los partidos del parlamento valenciano excepto el PP, que se abstuvo.  Es una ley que solo pretende salvaguardar los derechos y libertades de la ciudadanía valenciana, así como nuestro derecho a la igualdad de trato en todos los aspectos y ámbitos. En ese sentido, Abad considera que “no solo no invade competencias estatales, si no que refuerza la vigilancia de éstas y el cumplimiento del derecho a la igualdad, que está recogido en la Constitución”.

En cuando al siguiente aspecto cuestionado por el gobierno Abad explica que “otras leyes autonómicas establecen procedimientos sancionadores y, la Generalitat, en el marco de sus competencias, garantiza con esta ley que, ante la inacción de otras administraciones y en el marco de su capacidad administrativa de vigilancia y sanción, pueda tomar medidas contra quienes discriminan, difunden mensajes de odio o realizan prácticas vejatorias en todos los ámbitos”. Abad añade que, en ese sentido, «la situación de emergencia en la que vemos con perplejidad como se insulta, acosa, agrede o violenta a personas por ser lesbianas, gais, bisexuales y personas trans e intersexuales impone tomar medidas para erradicar el discurso de odio y sus tremendas consecuencias»

91 incidentes de odio durante 2018

Abad insiste en que “la norma valenciana es fundamental para generar una sociedad capaz de proteger la diversidad y que en el contexto actual es muy preocupante la LGTBIfobia y cómo se transmite en todos los ámbitos el prejuicio y la discriminación”.

Por ello, señala que “durante el año 2018 hemos registrado 91 incidencias relacionadas con incidentes y delitos de odio por motivo de orientación sexual, identidad y expresión de género, y sabemos que esa es la punta de iceberg, porque solo se denuncia un 10%».